TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ABSUELVE A COMUNEROS ACUSADOS POR ANTAMINA

La sentencia de la sala mixta de Huari que condenaba a 24 años de pena privativa contra tres dirigentes  de la Asociación del Frente de Defensa y Desarrollo de los pobladores de Huallacancha; la impugnación del recurso de nulidad de la Primara Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima (que los absolvió del delito de secuestro, pero que los condenó a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, por la acusación que les hace la Compañía Minera Antamina de bloqueo de carretera, cayó por su propio peso ante la absolución a los inculpados por el Tribunal Constitucional (TC)

El TC en pleno “ha cuestionado a los jueces supremos de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República al haber condenado “Sin  ningún medio probatorio que los vincule, y que no se haya motivado la imposición de 4 años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos (bloqueo de carretera) sin observar el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, ya que  la pena den 4 años es de carácter suspendida y que no se ha determinado con medios probatorios fehacientes, de que la vía supuestamente bloqueada sea de uso público”.

El problema entre Antamina y la comunidad se remonta al año 2007 en que ambas instituciones “suscriben un convenio de cooperación, donde Antamina se compromete contratar el 80% de mano de obra no calificada sea con gente de las zonas de influencia directa de Antamina y capacitarlos técnicamente en SENCICO y SENATI, compromiso que Antamina nunca cumplió por lo que los pobladores de Huallacancha, Tarushcancha y Ninacocha se sentían marginados.

Esta marginación por parte de Antamina condujo a la convocatoria a una reunión entre representantes de Antamina en la persona de Marco Dulanto Bautista y representantes de los pueblos antes mencionados, pero resulta que esta reunión fue suspendida inexplicablemente por el representante de Antamina por lo que llegaron a un paro los días 16 y 17  de enero del  2011 exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por Antamina, que nunca trató a los comuneros “como buenos vecinos”.

Ante esta situación, Antamina consiguió un contingente policial y envió a Lesly Carol Chojeda Dyer y Marco Alva Obando Flores para que entreguen un documento de reprogramación de la reunión. En este intering, sospechosamente se retira la policía y dejan abandonados a los emisarios de Antamina y que la gente, horas más tarde los alojaron en sus viviendas, lo que aprovechó Antamina, para acusarlos de secuestro.

Todas estas acusaciones falsas, han caído ante la absolución del Tribunal Constitucional.

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