PRESIDENTE REGIONAL NO QUIERE QUE LE TOQUEN NI CON EL PÁTALO DE UNA ROSA

Bien se podría decir que el Presidente Regional de Ancash, César J. Alvarez Aguilar, pretende que nadie le toque “ni con el pétalo de una flor” para seguir impune apesar del mal uso que está dando a los miles de millones de soles por canon y sobre canon minero.

Hace unas semanas, en Chimbote, logró junto al congresista Heriberto Benítez, destituir a cuatro Fiscales anticorrupción por actuar por mandato judicial en el hallanamiento del local que les servía de centro de operaciones para mantenerse impunes en el cargo.

En esta oportunidad transcribimos el Informe Especial elaborado por la Unidad de Investigación del diario Prensa Regional por considerarlo de vital importancia en la vida judicial de la región:

ALVAREZ Y MOLINA AMENAZAN CON BAJARSE A FISCAL SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN.

VALIENTE FISCAL SUPERIOR MARCIAL GUERRA CALDERON, PIDIÓ ORDEN DE DETENCIÓN EN CONTRA DEL PRESIDENTE REGIONAL Y LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS EN SERIOS DELITOS.

La Fiscalía Superior Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash, que despacha el Fiscal Superior Dr. Marcial Guerra Calderón ha remitido en apelación a la Sala Superior, Instancia Revisora, el Auto Apertorio de Instrucción de la denuncia penal en contra de César Alvarez Aguilar, Hernán Molina TRujillo, Germán Martínez Cisneros y Guillermo Turza Arévalo, contratista, solicitando que la sala correspondiente, cambie el mandato de comparecencia restringida por detención efectiva para los implicados en este proceso judicial.

Frente a este pedido, el Gerente General del Gobierno Regional de Ancash, HERNAN  MOLINA TRUJILLO, en conferencia de prensa ha manifestado que con la emisión de esta ORDEN DE DETENCIÓN nos vemos vulnerados en nuestros derechos, a través de hechos “falsos”, porque son apelaciones que ya fueron resueltas por la Sala, es una cosa decidida, no hay marcha atrás, en todo caso se evidencia PREVARICATO, señaló con evidente nerviosismo.

Ha causado bastante preocupación y nerviosismo en el entorno del Presidente Regional César Alvarez Aguilar, la emisión del Ministerio Público -Primera Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios la opinión sobre la resolución impugnada por el Ministerio Público en el extremo que dicta mandato de comparecencia con restricción a favor de los procesados: César Joaquín Alvarez Aguilar, Hernán Abelardo Molina Trujillo, Germán Alejandro Martínez Cisneros, Guillermo Turza Arévalo, debe ser revocada y REFORMÁNDOLA, se debe dictarse DETENCIÓN; en cuanto a la apelación 

interpuesta por Hugo Edgar Cáceres, Jorge Marreros Aranda, Hernán Jorge Moreno Lázaro, Mayer Miranda Mautino, Alejo Mejía Antúnez, Julio Ramos Lucio Olano, Félix Antonio Parra Balarezo; debe ser CONFIRMADA en el extremo que dicta mandato de Comparecencia con restricciónes y Caución respectivamente.

¿POR QUÉ EL PEDIDO DE ORDEN DE DETENCIÓN?

El Fiscal Superior pide la orden de detención considerando que, la racionalidad de la detención se sustenta en la gravedad de la comisión delictiva, en la existencia de los indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa responsabilidad del encausado -los que en todo caso deben ser corroborados o desvirtuados en la investigación, y en la necesidad de  asegurar el juzgamiento sin posibilidad razonable de elusión, por parte de los inculpados; que sin la presencia de dichos elementos, la detención corporal del procesado se hace innecesaria bastando el mandato de comparecencia para los efectos del proceso.

Asímismo, conforme lo establece al Art. 135ª del Código Procesal Penal, modificado por el Art. 4ª de la ley 28723 del nueve de mayo del 2006, el Juez puede dictar mantado de detención, si atenciendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible determinar.

Que, existen suficientes medios probatorios para concluir que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias, tratase de eludir la acción de la justicia om perturbe la actividad probatoria.

Asimismo, los argumentos expuestos por el apelante -representante del Ministerio Público, en el sentido que por la gravedad de los delitos instruidos y por estar eludiendo constantemente la acción de la justicia los procesados, se debe revocar el mandato de comparecencia con restricciones por la DETENCIÓN PARA TODOS LOS PROCESADOS, no constituye elemento suficiente para amparar lo solicitado; máxime, si tenemos en cuenta que la parte in fine del numeral 3ª del Art. 135 del Código Procesal Penal, prescribe claramente lo siguiente: “No constituye criterio suficiente para eludir a la justicia la pena prevista en la ley para el delito que se le imputa; los mismos que, de la conducta desarrollada por los procesados no se evidencia que vayan a eludir la acción de la justicia”.

Por otro lado el monto fijado debe rebajarse acorde a las posibilidades económicas de cada uno de los apelantes.

En cuanto a las reglas de conducta fijada para los procesados, Alvarez Aguilar y Molina Trujillo, y atendiendo a que los mismos ostentan cargos públicos en el GRA es factible revocar el extremo de la regla dre conducta fijado en cuanto se refiere a presentarse cada mes al local del juzgado a justificar sus actividades y firmar el libro de control mensual correspondiente.

De esta manera CONFIRMARON el auto de apertura…,en el extremo que apertura instrucción con mandato de comparecencia restringida, para todos los procesados apelantes; REVOCARON la indicada resolución en el extremo que dispone que los procesados César Alvarez y Hermán Molina cumplan con presentarse cada mes al local del juzgado a justificar sus actividades y firmar el cuaderno de control mensual correspondiente y REFORMÁNDOLA dispusieron que los procesados concurran al órgano jurisdiccional sólo las veces que sean citados, asimismo REVOCARON la aludida resolución en el extremo que fija la suma de 5000 nuevos soles por concepto de caución económica y REFORMÁNDOLA fijaron la suma de 2,000 que deberá pagar César Alvarez y la suma de 500 nuevos soles para Hernán Molina y los demás procesados, ante el Banco de la Nación y la CONFIRMARON en lo demás que contiene en cuanto a estos extremos se refiere.- Ponente Juez Superior Provisional Gregorio Bonifacio Arias Blas.- s.s. Tinoco Huayaney y Ames Herrera.

FISCAL INTERPONE APELACIÓN

El Ministerio Público, interpone apelación contra el mandato de comparecencia restringida dictada por el Juez, a César Joaquín Alvarez Aguilar, Hernán Abelardo Molina Trujillo, Germán Alejandro Martínez Cisneros, Guillermo Turza Arévalo, precisando que solicitó expresamente se expida mandato de detención por concurrir todos los elementos que exige el Art. 135ª del Código Procesal Penal, norma que no ha tomado en consideración el juez al momento de dictar la medida coercitiva señalada; que los hechos se encuentran sustentados por todo un bagaje documentario pericial que evidencia el ilegal pago de la suma de S/. 799,233.75 a favor del consultor Andrés Guillermo Turza Arévalo, y que para ello hubo toda una festinación de trámites como la suscropción de una adenda al contrato que habría servido para darle una apariencia de legalidad al hec
ho cuestionado con lo cual se acreditaría actos colusorios entre ellos, significando perjuicio económico para el Estado-Gobierno Regional de Ancash, que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 384 del C:P:P:, la pena máxima a imponérseles en el caso de la comisión del delito de Colusión es de 15 años de pena provativa de libertad, y en cuanto a losm otros delitos, superan los 4 años de pena privativa de libertad; que los denunciados vienen eludiendo la acción de la justicia, que no han ASISTIDO A LAS CITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR que no tienen arraigo en esta localidad y que, por tanto, el peligro procesal en temas de peligro de fuga y que rehúyan a la acción de la justcia es una constante.

FINALMENTE

En el presente caso la comparecencia con restricciones impuesta por el juez a los procesados César Joaquín Alvarez Aguilar, Hernán Abelardo Molina Trujillo, Germán Alejandro Martínez Cisneros, Guillermo Turza Arévalo, no resulta pertinente, toda vez que de los actuados se desprende la existencia de suficientes elementos probatorios de la comisión delictiva que vincula a los procesados como autor y cómplice, respectivamente, toda vez que de la denuncia y actuados se tiene que la OEI procedió a realizar un proceso de selección para la elaboración de tres estudios, cuyo ganador fue el denunciado Guillermo Andrés Turza Arévalo a quien el Gobierno Regional de Ancash le debía reconocer el pago de S/. 799,233.75 nuevos soles en contraprestación, empero, el contrato no fue cumplido, se habría ejecutado el pago en mérito a una adenda suscrita entre las partes mediante el cual el objeto del contrato de los tres estudios fue reemplazado por dos siendo uno de ellos el Proyecto de la Reconstrucción y Equipamiento del Hospital Nivel III “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz.

La sanción a imponerse en caso de comprobarse la responsabilidad de los procesados no será leve por cuanto César Alvarez Aguilar en su condición de autor, Guillermo Turza Arévalo (cómplice extraneus), Germán Alejardro Martínez Cisneros, est`´an siendo procesados por los delitos de Peculado Doloso, Malversación de Fondos, Colusión Ilegal, Negociación Incompatible o Aprovechamiento de Deberes Fundionales en el caso de Hernán Abelardo Molina Trujillo está siendo procesado por el delito de Peculado Doloso, Malversación de Fondos, Colusión Ilegal, Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (Cómplice Primario), Asociación Ilícita para Delinquir e Incumplimiento de Deberes Funcionales. Asimismo en adición a lo expuesto, se tiene que los procesados no han acudido a las citaciones efectuadas conforme se advierte en las notificaciones que obran en autos; siendo así existen suficientes elementos probatorios para concluir que los procesados intentan eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria, por lo que de esta manera concurrente los presupuestos materiales y formales a que se contrae el Art. 135ª del Código Procesal Penal.

RESPUESTA DEL ACUSADO MOLINA

El Gerente General del Gobierno Regional de Ancash, (GRA) mediante nota de prensa tras su conferencia con los comunicadores sociales, manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a las informaciones propaladas en algunos medios de comunicación, en la que indicaban que el Presidente Regional, Gerente General y otros funcionarios del Gobierno Regional de Ancash, se encontraban con orden de captura, el Dr. Hernán Molina Trujillo, salió al frente a través de una conferencia de prensa, indicando que dichas aseveraciones no tienen sustento legal, ya que se viene sorprendiendo y mal informando a la población ancashina con temas y casos que ya han sido vistos a nivel de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

La autoridad regional manifestó que de acuerdo al Art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece que cualquier persona cualquiera sea su rango o denominación, tiene que respetar la Resolución que tiene la condición de cosa juzgada, por lo tanto y acogiéndose a esto, se establece que el Fiscal Superior Marcial Guerra Calderón, al haber emitido una Resolución, donde desde todo aspecto, vulnera flagrantemente el derecho al principio de inocencia, razón en que los involucrados en este caso si se pusieron a derecho durante toda la secuela del proceso.

Por otro lado el Gerente General del Gobierno Regional de Ancash, manifestó a los medios de comunicación que si la Sala Especializada en lo penal, ya se pronunció al respecto a la situación jurídica de los procesados César Alvarez Aguilar, Hernán Molina Trujillo, Germñan Martínez Cisneros, concluyéndose que del actuar de parte de este Fiscal Guerra, constituye el tipo penal de Prevaricato, el mismo que esta regulado prescrito en nuestro Código Penal, donde señala que, aquel Fiscal que inserta hechos falsos, normas derogadas en el texto de sus resoluciones, estaría prevaricando- sentenció.

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