REUNIONES DE CARÁCTER SINDICAL

FERNANDO GAMARRA MORALES

“El derecho a la libertad sindical se encuentra reconocido en el artículo 28, inciso 1), de la Constitución Política del Perú. Este derecho tiene un doble contenido: un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no a este tipo de organizaciones, así como la protección del trabajador afiliado frente a actos que perjudiquen sus derechos y tengan como motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga, es decir, la protección por pertenecer o participar de actividades sindicales”. (Exp. 05209-2011- PA/TC FJ 5) El literal k) del artículo 41 de la Ley de Reforma Magisterial, referente a los derechos de los profesores, establece que los profesores tienen derecho a libre asociación y sindicalización. Este artículo de la Ley es importante porque la libertad sindical y de asociación, además de ser un derecho permite proteger, no sólo intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, y a la libertad personal y colectiva. Este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo. El artículo 114.1 del T.U.O de la Ley de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS, indica: “Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento”. Es decir que si alguna autoridad contraviene el derecho constitucional a la libertad sindical con todas las actuaciones que se derivan de ella, está sujeto a denuncia en su contra, pues cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resultará vulneratorio del derecho de libertad sindical. Por otro lado la Ley N° 28988 que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial (Publicada el 21 de marzo de 2007) en su artículo 1 se refiere a la educación como servicio público esencial, estipula: “Constitúyese la Educación Básica Regular como un servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación, derecho reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales suscritos por el Estado peruano. La administración dispondrá las acciones orientadas a asegurar los servicios correspondientes”. En su artículo 2 trata sobre el Reconocimiento de derechos y establece: “Lo dispuesto en el artículo 1 no afecta los derechos constitucionales, ni los reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales a los trabajadores”. Esta Ley no solo garantiza el derecho a la educación, sino que además no afecta los derechos de los trabajadores reconocidos por la Constitución Política del Perú ni de los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de ello el Reglamento de la Ley N° 28988 que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, en su única disposición complementaria final señala: “Siendo la Educación Básica un servicio esencial, los Directores y Subdirectores de las instituciones educativas públicas de la Educación Básica Regular deben garantizar el funcionamiento de sus centros educativos, por lo tanto constituyen faltas graves: 1. Permitir el cierre del local escolar. 2. Impedir el ingreso de alumnos, padres de familia y docentes al local escolar, para el regular desarrollo de las actividades. 3. Facilitar el local escolar para reuniones de carácter sindical. 4. Permitir el proselitismo político y/o sindical en las instituciones educativas. 5. No informar oportunamente la inasistencia del personal para el descuento de la planilla”. Aquí la norma es clara, constituye falta grave para el directivo que facilite el local escolar para reuniones sindicales que impida el funcionamiento de la institución educativa, pues se estaría afectando el derecho a la educación. Pero si estas reuniones no afectan el funcionamiento de la institución educativa, no es una falta, no afecta el ejercicio del derecho a la educación. De igual manera si se facilita el local escolar para proselitismo, es decir realizar actividades para ganar adeptos, tal como por ejemplo recolectar firmas para inscripción gremial, ya sea de manera explícita o engañosa, eso sí sería una falta grave; pero si solo es para dar a conocer acuerdos e informar al respecto y escuchar opiniones de profesores en horas que no afecte el funcionamiento de la institución educativa ni las clases escolares, eso no sería una falta, no se estaría contraviniendo la norma legal. Las normas internacionales del trabajo alientan a los empleadores a prever locales para que se reúnan los trabajadores. Dichas reuniones no deben interrumpir las operaciones regulares de la empresa, en base a ello la dirección de la institución educativa puede exigir que las reuniones se celebren sin afectar la jornada laboral de los profesores. El Comité de Libertad Sindical, creado por la OIT en 1951, ha declarado específicamente que debería garantizarse el acceso de los representantes sindicales a los lugares de trabajo, con el debido respeto de los derechos de propiedad y gestión, para que los sindicatos puedan comunicarse con los trabajadores; asimismo, se debería garantizar el acceso a la empresa a los representantes sindicales. La concesión de estas facilidades no debería impedir el funcionamiento eficiente de la institución educativa, razón por la cual se debería de realizar en la hora de receso de los estudiantes, pues no afecta las horas pedagógicas efectivas de clase, sino que además de ello la hora de recreo de los estudiantes no forma parte de la jornada laboral de los profesores, que es de 30 horas semanales y en base a esas horas se les remunera. De igual manera también podría ser en alguna hora libre del profesor o a la hora de salida. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que cualquier acto que impida o restrinja de manera arbitraria o injustificada la capacidad de acción de un sindicato será inconstitucional (Exp. 05104-2008-PA/TC FJ 4,5), por lo que la autoridad correspondiente debe garantizar toda acción o actividad para que la organización sindical cumpla con el desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus agremiados, siempre dentro del respeto a la Constitución y las leyes. Por último la libertad sindical y de asociación es un derecho constitucional y se encuentra dentro de los derechos sociales. Supone el respeto del derecho de los empleadores y de los trabajadores a constituir libre y voluntariamente las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas, y significa que estas organizaciones tienen derecho a realizar sus actividades con toda libertad y sin injerencia, respetando las normas legales vigentes. Este es un análisis y/o comentario, salvo mejor opinión y aporte. Tacna-Perú, noviembre de 2019. Fernando Gamarra Morales. e-mail: fer_gamarra@hotmail.com cel.: 952290888.

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